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Análisis: Francia lucha por pensiones y mucho más


En los últimos meses Francia ha venido sido epicentro de una aguda agitación social y de protestas sin precedentes en muchos años, lideradas por las centrales sindicales que en esta ocasión hicieron frente común. Entre octubre y noviembre millones de trabajadores y estudiantes salieron a las calles a protestar y a presionar al gobierno de Nicolás Sarkozy para que retirara el proyecto de ley que reforma los sistemas de pensiones, que cambia la edad legal del retiro de 60 a 62 años, argumentando problemas fiscales y presupuestales, y una proporción creciente de personas mayores pensionistas vs. una proporción decreciente de trabajadores cotizantes. Además, la ley suprime los derechos al retiro anticipado para trabajaron en condiciones penosas o insalubres.

Para entender mejor el contexto y las motivaciones de este conflicto social en Francia, se anexa un artículo de Hélen Bouneaud, vocera del Departamento Internacional de la Confederación General del Trabajo, CGT, la más importante central sindical de este país, abanderada del movimiento de protesta contra la ley de pensiones.

Este artículo es una colaboración especial de la autora para la Agencia de Información Laboral de la ENS.



Colaboración de Hélen Bouneaud
Dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Francia

De la lectura de los periódicos del mundo entero, se infiere que la reforma de los sistemas de pensiones franceses, que cambia la edad legal del retiro de 60 a 62 años, habría sido la causa de varios meses de conmoción social y política. Por eso muchos preguntarán: ¿valía la pena tanto bullicio solo por dos años?

Pues, si bien los franceses se movilizaron en contra de este aspecto de la ley, con este enorme y sostenido movimiento social se trataba de mucho más.

En 1982, el gobierno de izquierda y el Parlamento aprobaron la reducción de la edad legal del retiro de 65 a 60, respondiendo a una reivindicación de muchos años de los sindicatos y los trabajadores, haciendo época en el camino del progreso social. A partir de 1993, los sucesivos gobiernos de derecha empezaron a reformar los sistemas de pensiones, primero cambiando las normas del derecho a una pensión sin descuentos en el sector privado, creando un desfase con el sector publico. Resulto en una reducción del nivel de las pensiones pagas. A partir de 2003, y años siguientes, con tal de proceder a la necesaria unificación de todos los sistemas de pensiones, alinean progresivamente las normas del sector publico con las del sector privado, con un mismo objetivo de reducción del nivel de pensiones, considerado como excesivamente generoso.

En 2010, o sea a menos de dos años del inicio de la crisis financiera global, el gobierno toma la decisión de cambiar otra vez las reglas para todos, haciendo valer la necesidad de una reforma radical debido a problemas demográficos – proporción creciente de personas mayores pensionistas vs una proporción decreciente de trabajadores cotizantes - a una predicción de déficit fatal de los sistemas de pensiones dentro de treinta años, y fundamentalmente por la realidad presente de una importante deuda pública y de un presupuesto deficitario. Este último argumento considerado como prioritario.

En resumen, la edad legal de retiro pasa de 60 a 62 años, pero también los años de cotización requeridos para recibir una pensión sin descuentos aumentan a 41 ½ hasta 42, y se determina la edad de elegibilidad para una pensión entera a 67 años contra 65 hasta hace poco. Además, la ley suprime los derechos al retiro anticipado para los que trabajaron en condiciones penosas o insalubres. Dicho de otro modo, se puede anticipar sin muchos riesgos de equivocarse que una mayoría de franceses se retiraran y pensionaran a los 67 para tener derecho a una pensión disminuida pero entera, en vez de los 61-62 en promedio en la actualidad.

A fines del mes de Junio 2010, cuando el gobierno anuncia su plan, un 60% de la población declara en sondeos de opinión pública que está de acuerdo con una reforma radical para garantizar el financiamiento futuro del sistema de pensiones y que considera como razonable la postergación de la edad de retiro considerando el aumento de la esperanza de vida.

Entonces, todas las centrales sindicales, unidas en un frente común sin precedentes, lanzaron una campaña de información a la población, explicando que la reforma era radical pero fundamentalmente regresiva y brutal, y porque no garantiza la financiación de las pensiones después de 2018 ni el futuro en general de sistema de pensiones. Denunciaron la injusticia hacia las mujeres con una vida de trabajo y cotización más corta en razón de la maternidad y el cuidado de los hijos, y también por la precariedad frecuente del empleo; hacia los que tuvieron un trabajo penoso o con riesgos para la salud, y también hacia los que entraron a trabajar muy joven y tendrán que trabajar más años sin compensar su pensión en función de los años trabajados, superior a los 41 o 42.

Las centrales sindicales demostraron cuan absurdo era exigir de trabajar hasta los 62 años, cuando a los 60, el 50% de los trabajadores están o desempleados o discapacitados, de tal manera que el déficit de los sistemas de pensiones será compensado por el seguro de desempleo ya muy deficitario por el incremento masivo de los desempleados debido a la crisis. Además, obligar los trabajadores de mayor edad a seguir trabajando va impedir el acceso al empleo de los jóvenes en un momento en que el desempleo juvenil supera los 20%. Y más todavía, los sindicatos demostraron que la esperanza de vida con salud (con un promedio de 63 años para los hombres, menos para trabajadores de la construcción por ejemplo) sola puede ser eventualmente un criterio para determinar la edad del retiro, porque la esperanza de vida en si no es igual para todos.

Los sindicatos, y en especial la CGT, presentaron de manera muy insistente y detallada sus propuestas alternativas y radicales de reforma del sistema de pensiones, con vistas a garantizar su financiamiento a largo plazo. Las propuestas de la CGT tienden a mantener los principios de un sistema basado en la solidaridad entre generaciones, en el progreso social, y a la vez tomando en cuenta los cambios en la economía francesa que paso de una economía basada en un empleo intensivo para un desarrollo nacional en la posguerra, a una economía globalizada, abierta e intensiva en tecnologías y dominada por el sistema financiero, hoy.

Por eso la CGT avanza cambios radicales del sistema de contribución al sistema que pasaría de los trabajadores y de los sectores de empleo intensivo mayormente, al sector financiero para gravar sus altas tasas de ganancias, y también la multitud de rentas no gravadas tales como stock options, paracaídas dorados, primas especiales para los traders y dividendos de accionistas, etc. La CGT reivindica también un sistema de tributación positivo, con descuentos para estas empresas que crean empleos de calidad, con contratos permanentes, e invierten en investigación y desarrollo. A contrario las empresas que se desarrollan multiplicando empleos mal pagados con contratos precarios tendrían que pagar importantes impuestos, ya que este tipo de empleo lleva una gran responsabilidad en la crisis de financiamiento del sistema de pensiones, sin resolver el desempleo.
Cuestionada sobre la factibilidad de sus propuestas, la CGT ha demostrado que una reforma positiva, sostenible a largo plazo, que garantizaría a todos los trabajadores, el derecho al retiro a los 60, con una pensión no inferior al salario mínimo y equivalente a mínima 75% del último salario, representaría un costo de 16% del PIB, o sea solo 6% más de su costo presente hacia 2040, lo que no representa un incremento exagerado e insostenible para un país desarrollado como Francia.

En septiembre 2010, cuando el Gobierno presenta su proyecto de ley en el Parlamento, como resultado de la campaña de las centrales sindicales a pesar del periodo de vacaciones propicio a la desmovilización, la tendencia es inversa: casi 70% de la población se declara en contra del proyecto de reforma, rechazado como injusto y antidemocrático, apoyando las acciones de los sindicatos. De hecho el gobierno se negó a cualquier debate público y cualquier examen de propuestas alternativas, e incluso interrumpió el debate parlamentario, decretando un debate fast track para conseguir un voto lo antes posible.

Los trabajadores, sindicatos y la población franceses, no solo expresaron su descontento e incluso su rechazo del proyecto gubernamental en los sondeos, sino también en paros sectoriales y huelgas, en marchas y manifestaciones en cientos de ciudades y pueblos desde el fin de Junio hasta mitad de Noviembre. En estos cuatro meses, millones de personas entraron en la acción contra una política regresiva contra las pensiones, el sistema de salud pública, la educación, los hospitales, pues todos los servicios públicos, atacados con un solo argumento: no hay alternativa, no hay plata, cuando hace solo un año y medio billones de euros se encontraron rápidamente para el rescate del sistema bancario y de una economía deficiente.

La reforma ha sido adoptada por el Parlamento, pero este movimiento social sin precedentes tendrá consecuencias, porque fue dirigido unitariamente por las 7 centrales sindicales, por primera vez. La unidad sindical contribuyó al cambio de posición de la opinión pública y sus propuestas demostraron que hay alternativas a medidas regresivas. Esta confianza renovada en la acción colectiva ha permitido ganar en las empresas aumentos de salarios, mejoras de las condiciones de trabajo, cancelación de planes de despidos, etc., en hospitales, escuelas, universidades, transporte, demostrando claramente que vale la pena luchar contra políticas de austeridad regresivas.

Todas las centrales sindicales europeas, unidas en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), condenan las políticas de austeridad, advirtiendo que « la combinación de la austeridad salarial y fiscal con desigualdades crecientes sólo puede empujar la economía en una nueva recesión». Después de la exitosa Jornada de Acción el 29 de septiembre, celebrada en toda Europa, la CES y sus afiliadas han tomado la decisión de intensificar su campaña contra la austeridad, por el empleo, la protección social y los servicios públicos, y han llamado a la realización de acciones el 15 de diciembre en todos los países europeos.

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