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Informe Comité Directivo a la IX Asamblea

Para hablar de la gestión ante el Comité Directivo es necesario empezar por decir que este órgano consultivo de la administración está compuesto por todos los directivos y un representante de los trabajadores, lo que de hecho lo pone ante una abrumadora minoría en términos de votación.

 

Igualmente y en honor a la verdad, es necesario manifestar que, por lo menos esta Administración jamás vetó o dejó de citar al representante, para asistir o comentar lo pertinente a los diversos temas y decisiones adoptadas en su seno.

 

Como quiera que relacionar las resoluciones o proyectos de resoluciones que se presentaron y/o aprobaron en el seno del Comité, no agregaría valor alguno a este informe, se puede decir que fueron analizados y expedidos por el Comité, entre otros, actos administrativos relativos a la sectorización y categorización de los sujetos de control fiscal; a la forma y términos de rendición de cuentas; a la forma de liquidación de la tarifa de control fiscal; a la implementación de los instrumentos del control fiscal como el Audite; a la discusión del plan general de auditorías; al plan de modernización de la entidad; al plan estratégico; a los planes de acción; a los formatos de rendición de cuentas del sistema general de participaciones, etc

 

El representante de los Trabajadores expresó la postura oficial de nuestra Organización Sindical en relación con la necesidad de que el Comité no funcionara por impulsos o para casos simplemente coyunturales, sino que sus decisiones obedecieran a una política general de obligatoria aplicación en relación a cada tema, con el fin de lograr una verdadera seguridad jurídica de la entidad.

 

Se hizo ver cómo era ineficaz efectuar cambios en nuestra reglamentación interna, que en ocasiones no obedecían a una línea clara de aplicación de la ley, lo  cual causaba serios problemas al momento de aplicar la referida reglamentación.

 

De igual forma siempre se hizo énfasis en la necesidad de no interpretar lo que ya estaba interpretado por las Cortes, especialmente por la Constitucional, que es la que tiene a su cargo la guarda e interpretación de la Constitución Política.

 

Se trató el tema del control fiscal en tiempo real y al efecto se sugirió que se efectuaran auditorías más profundas y completas, aunque la cobertura no fuera de la totalidad de los sujetos de control, a cambio de efectuar, como pasó en la última vigencia, más de 1382 auditorías, con resultados que a los ojos de los mismos entes auditados y de la ciudadanía, no arrojaron resultados óptimos en términos de análisis de gestión y financieros, del Estado.

 

En desarrollo de este tema se discutió y solicitó la utilización de todo el personal de planta de la entidad, y la adjudicación de los recursos técnicos y logísticos indispensables para el cabal ejercicio de la función

 

Especial énfasis se hizo y así se logró, en la necesidad de ampliar la etapa de ejecución de las auditorías con el argumento de que si se parte de un mejor conocimiento de la entidad, se pueden definir con más precisión los puntos vulnerables y las líneas de auditoría para hacer más eficaz el control.

 

Igual se recabó en la importancia de no tratar de cambiar calidad por cantidad. Estas solicitudes y comentarios igualmente se plantearon por escrito al Contralor General mediante comunicados emitidos por la Organización sindical.

 

En torno a las propuestas de reforma del AUDITE que venían planteándose desde diciembre de 2008, se participó en las discusiones y se ofició a la Administración, ante la instrucción de que, en adelante, los informes de auditoría debían ser dos: uno que expresara la opinión sobre los estados financieros y otro para el fenecimiento de la cuenta. En ese documento se expusieron las razones de “integralidad del control’ para evitar que se exigiera la presentación de estos dos informes.

 

Se esgrimieron, entre otras, razones de inconveniencia en la presentación de estos dos informes, que además quitan tiempo para la etapa de ejecución y limitan la actividad y profundidad de los análisis de los auditores.

 

Como se informó en la anterior asamblea,  se insistió en la recomposición de las Mesas Temáticas para debatir de manera amplia las modificaciones al AUDITE con funcionarios de experiencia en el tema.

 

Ante la costumbre que se generalizó en esta Administración de hacer un Precomité Directivo, figura que no es de origen legal y reunión a la que no tienen acceso los trabajadores, es indispensable proponer, si así lo aprueba esta Asamblea, una modificación de la resolución reglamentaria del Comité Directivo en el sentido de declarar obligatoria la presencia del Representante de los Trabajadores en ese órgano, toda vez que en esas reuniones es en las que se adoptan las verdaderas determinaciones que posteriormente se pasan al Comité para darles el toque de legalidad. Hasta ahora la respuesta recibida mediante oficio EE55968 del 9 de diciembre de 2008, es la de que ese es “un espacio de comunicación entre Delegados y Directores de Oficina para conocer sus posiciones, dificultades y posibles soluciones en los distintos tópicos de la Administración. La razón de ser de su informalidad radica en poder hacer autocrítica y debate abierto, que se vería coartado con la presencia del representante de los empleados”.

 

Se podría decir que casi en todas las reuniones de Comité se trató el tema de reforzar la lucha contra la corrupción de la cual nos declaramos enemigos. Se planteó la urgencia de imponer nuevos y más ágiles métodos para combatirla, más aún, después de la afirmación del Comisionado para la Lucha contra la Corrupción del gobierno Uribe Vélez en el sentido de haberse perdido en periodo de poco más de un año, 4 billones de pesos por este concepto en el país.  

 

Será deber de nuestros representantes en adelante, consolidar el impulso de la Escuela de Altos Estudios del Control Fiscal y el SINACOF, que creemos que son buenos instrumentos en esta desigual batalla contra los corruptos.

 

En el Comité se hace constante seguimiento a los avances del MECI; informes sobre el Plan de Acción; Participación Ciudadana; sin embargo, las acciones adoptadas como consecuencia de estos análisis no se conocen por la comunidad de la CGR. En ese sentido va otra propuesta: la de crear, a través de la Secretaría del Comité un órgano de difusión de las tareas y principales decisiones del Comité, así como del avance de los asuntos analizados en él.

 

Como ya saben los asambleístas, el artículo 21 del decreto 267 de 2000, el objetivo del Comité Directivo es servir como órgano superior jerárquico de consulta, coordinación y evaluación de los asuntos generales de la administración así como participar en la definición de políticas y evaluación de asuntos generales de la entidad y del control fiscal.

 

En vista de esa disposición, había tomado impulso la afirmación en el sentido de que en el Comité no era necesario que se aprobaran actos administrativos y que sus decisiones solo se deberían dar a conocer a los interesados para información general.

 

Esa postura debe ser rechazada porque ello dejaría al Comité como una reunión informal sin decisión en los grandes temas de gestión y política de la entidad,

 

PROPUESTAS

 

1.- Modificación de la resolución reglamentaria del Comité Directivo en el sentido de declarar obligatoria la presencia del Representante de los Trabajadores en el llamado PRECOMITÉ de ese órgano.

 

2.- Crear, como función de la Secretaría del Comité la de ser órgano de difusión de las tareas y principales decisiones del Comité.

 

En esos términos dejo rendido mi informe, agradezco al Presidente Nacional y a todos los que confiaron en mí para esta designación e insto a la Asamblea a designar un candidato que sepa representar los intereses de los trabajadores de la CGR.

 

Gracias,

   

 

CARLOS A RAMIREZ DEL CASTILLO

Representante Trabajadores ante el Comité Directivo  

 

IX Asamblea
Comité Directivo