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La dejación de armas de las FARC. Artículo del periódico Controlando N.9

Por: Marcelo Torres
Secretario General del PTC

Pocas veces en la historia del país, y ninguna en el siglo XXI colombiano hasta el 27 de junio de este año, había tenido lugar un acontecimiento como la dejación de armas de las Farc. Se concluyó así un conflicto armado, el de mayor alcance en la vida nacional, de más de cincuenta años. Sin lugar a dudas, difícilmente puede señalarse otra circunstancia que se compare en importancia, ni de lejos, en cuanto a la magnitud de su repercusión en el presente y el futuro inmediato del país.

La terminación del conflicto armado Gobierno-Farc significa que la nación empieza a dejar de sufrir las enormes pérdidas en vidas, víctimas del desplazamiento y despojados de su tierra, mutilados y heridos, como la considerable destrucción de bienes públicos y privados y el consiguiente deterioro del medio ambiente. También podría superarse la merma sustancial que los costos de la guerra, y principalmente los recursos públicos a ella dedicados, implican para salud, educación, bienestar social y otros gastos sociales y de inversión productiva. La finalización de la contienda armada podría abrir la puerta a la terminación de la drástica restricción de la democracia política que la confrontación ha conllevado. En especial, podría superarse una de sus peores consecuencias: la mayúscula reducción de posibilidades de hacer política, y con ello, facilitar a las fuerzas democráticas y de izquierda el acceso al gobierno y a otros cargos de representación y elección popular. La dejación efectuada de 7.132 armas individuales, operación verificada por la ONU, según se desprende de la certificación expedida por la organización mundial, constituye a las Farc en “la guerrilla del mundo que más armas ha entregado por hombre”.

Normalmente, divisar tales efectos bastaría para elevar el ánimo e identificar como digna de celebración su causa: el fin de la violencia política. Y sin embargo, de extraña manera, el suceso no suscitó en la opinión pública el impacto de su real dimensión. Es como si el grueso de la población padeciese una especie de enervamiento, resultado de una acumulación de factores adversos que hubiesen terminado por nublar su sentido de la orientación o extraviar su juicio.

En contraste con ello, las extraordinarias movilizaciones derivadas de los paros del magisterio y de los trabajadores estatales, de los paros cívicos de Buenaventura y Chocó, constituyeron manifestaciones protuberantes del rechazo del pueblo al desgastado y desenmascarado molde neoliberal y a su aplicación por el gobierno Santos, y una muestra de que se eleva la conciencia de amplios sectores sociales al practicar en grande escala la resistencia civil callejera y la movilización como imprescindibles para defender y lograr sus reivindicaciones. Otro tanto en el mismo sentido cabe decir del amplio reconocimiento y la simpatía y el apoyo ciudadano, sin precedentes en los últimos tiempos, que suscitaron los paros del magisterio y los estatales. En esta ocasión el uribismo no pudo arrimarse a la protesta popular. No solo porque apoyar, así fuese por mera conveniencia política, reivindicaciones populares que repugnan al Centro Democrático y a sus socios iba más allá de lo que puede permitirse el extremismo derechista, sino porque cualquier simulación de respaldo habría sido rechazada, especialmente entre el grueso del magisterio colombiano que conoce bien por haberla padecido, los zarpazos de la reacción uribista.

Sin embargo, en la medida en que las impopulares ejecutorias económico-sociales de la actual administración han provocado un visible descontento social, y contribuido de modo sustancial al incremento de la imagen desfavorable del presidente, hoy en su punto más bajo, este descrédito ha terminado afectando negativamente al conjunto de las políticas del gobierno. Y muy en especial a la implementación de los acuerdos de paz. En buena parte de modo espontáneo, pero reforzada en grado decisivo por la propaganda de la ultraderecha, a sectores nada desdeñables de la población por su magnitud y carácter social, les dice muy poco una paz a la que identifican con un gobierno del que solo reciben rotundas negativas a sus demandas, impuestos mil, evidencias de privilegios a los superricos, subasta continua de las empresas del Estado, y noticias de escandalosa corrupción. En tales condiciones, el consecuente malestar social coadyuva, aprovechado aviesamente por facciones cuyo papel resulta esencial calibrar, a empujar a un muy segundo plano de la atención pública los avances del proceso de implementación de los acuerdos y ha sido utilizado para opacar la tremenda importancia de la completa dejación de armas por las Farc. Es decir, que gracias a la confusión y a la desorientación creadas, a la par con el saludable aliento de masas desatado se entrelaza un estado de desatención popular por asuntos que conciernen al vital interés mayoritario. Lo que podría percibirse por quienes lo instigan y canalizan –como sucedió con el resultado del plebiscito–, como un verdadero palo, producto de situaciones complejas y manipulaciones, pero efectivamente acentuado hacia la extrema derecha.

Sí, puesto que desde que se abrió el período de agudas y crecientes contradicciones entre el propósito del gobierno Santos de pactar la paz y la fiera oposición del uribismo a ella, este no ha desperdiciado ocasión para explotar la lucha social en pro de sus fines. Con frescura consumada, aunque no haya podido hacerlo ahora, en ocasiones anteriores ha condenado y se une a protestas contra la política económico-social del gobierno Santos que durante los ocho años de su régimen Uribe había ejecutado antes hasta el abuso. Entiende el expresidente de los falsos positivos que el deterioro de la imagen del gobierno Santos –como consecuencia de sus medidas impopulares–, y la pérdida de apoyo social y político al proceso de paz pueden ir de la mano y ha concentrado esfuerzos en lograrlo. De modo febril, echando sal en la herida de los afectados por las guerrillas, azuzando sus represalias, avivando la agresividad de sus correligionarios del conflicto armado, y enarbolando el odio sin cuartel como divisa contra sus adversarios, Uribe cohesiona y disciplina a sus huestes. Convirtiendo en su antagonista a todo aquello o aquel que sea, parezca o se le antoje subversivo, porque cuestione o se oponga a sus posiciones y ejecutorias, considera al presidente Santos la encarnación misma del “castrochavismo” del altiplano colombiano.

Aunada a estas estrategias el uribismo ha desplegado energías para revigorizar y sacar a la calle a sectores sociales imbuidos de las concepciones más retrógradas –ya añejas en la Colombia del siglo XIX–, y rebullir los fanatismos religiosos más hirsutos. Tan caudillesca misión ha sido secundada por los segmentos de la reacción ultra de Colombia. Amén de la colección de personajes del uribismo, salpicados de escándalos de corrupción o parapolítica, el exprocurador Ordóñez, beligerantes voceros de los grandes terratenientes, candidatos anodinos en trance de figuración, fracciones de los grandes grupos financieros y sus medios de comunicación, pastores y prelados a la caza de feligreses, y el sector más regresivo del conservatismo como vagón de cola. De la enumeración no puede omitirse los servicios prestados desde dentro del Estado y del gobierno por fuerzas afines al uribismo, cuyo primer lugar –pese a enconadas y viejas rencillas– corresponde al vargasllerismo. Sin olvidar los grupos ilegales armados que han conminado a poblaciones de regiones enteras a sumarse a las marchas callejeras del Centro Democrático. Y sin pasar por alto la inquietante proximidad a sus posiciones, y las protestas y reparos contra los acuerdos de paz, de influyentes agrupaciones de militares en retiro.

En el intenso forcejeo entre las fuerzas que quieren llevar adelante el proceso de paz y las que pugnan por descarrilarlo, las malas artes del uribismo consiguieron ganar –aunque por ligera mayoría– el plebiscito de octubre del año pasado, y han desatado tormenta tras tormenta mediática contra cada paso de la implementación de los acuerdos. La intensidad de estos ataques arreció contra el anuncio de las medidas que deben dar cumplimiento a lo pactado sobre el agro, colocando múltiples palos en la rueda a la justicia especial de paz y, sobre todo, descalificando a la ONU y tildando de farsa uno de los hechos capitales del proceso, la dejación de armas por las Farc. Como fuere, el hecho es que el peso mayor en el aumento actual de la confusión, el escepticismo y la desorientación hacia el proceso de paz entre amplios sectores de colombianos, corresponde al papel jugado por Uribe y sus huestes.

En su ofensiva mediática el uribismo tergiversa, miente en amplia escala y no duda en propalar informaciones falsas, especialmente en las redes sociales que, si por un lado vienen jugando un formidable papel para difundir y animar las movilizaciones y protestas, también constituyen un vehículo de propagación de falsedades y tergiversaciones. Tres botones de muestra: las escandalosas revelaciones posteriores al plebiscito del director de la campaña del No, la reciente pillada de Álvaro Uribe fingiendo haber recibido un twitter de supuestos empresarios del que él mismo era autor, y la utilización de una caricatura de Matador por Óscar Iván Zuluaga adulterando su contenido original. Pero establecido que el factor principal que sobresale entre los obstáculos alzados ante el proceso de paz es la acción política del uribismo, hay que constatar que buena parte de la responsabilidad por las desventuras del proceso de paz corresponde al mismo gobierno Santos. Nada distinto cabe decir de la obstinación del primer mandatario en mantener sin agüero el recetario neoliberal a pesar de que solo le acarrea generalizadas protestas, descrédito y, por extensión o reflejo, entibiamiento del apoyo al proceso de paz, cuando no incredulidad o desconfianza. Y algo similar cabe observar sobre la curiosa incoherencia de Santos –que poco honor hace a su imagen de político flemático, práctico y calculador– de mantener su apoyo, o haberlo mantenido, y enormes gabelas y concesiones, a agentes o personajes políticos ostensiblemente contrarios al proceso de paz, verbigracia, su exvicepresidente, Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa y exembajador en Washington.

En una palabra, por grandes que sean el repudio popular y vigorosas las movilizaciones sociales contra las medidas neoliberales del actual gobierno –y el consecuente apoyo público recibido, que las fuerzas políticas avanzadas debemos seguir promoviendo-, el norte de la izquierda y los sectores democráticos del país es la más amplia unidad para asegurar el cabal cumplimiento de los acuerdos de paz. Y la alerta de que lo peor para Colombia sería el retorno del uribismo y demás sectores de extrema derecha al poder.

Proceso de paz