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Posición de la CUT frente a los temas laborales en el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad” carece de un enfoque de derechos laborales y de promoción del trabajo decente y la justicia social, pues avanza en el desarrollo de formas laborales más precarias que profundizan la desigualdad y las brechas estructurales que afectan al país. Lo anterior se expresa en la ausencia de metas específicas para la creación de nuevos empleos; la promoción de emprendimientos sin garantía de generación de ingresos suficientes, acceso al Sistema General de Seguridad Social Integral –SGSSI-, o consideraciones alrededor de la protección de la salud y seguridad en el trabajo. Y más grave aún, introduce un falso Piso de Protección Social –PPS- especialmente para las y los trabajadores rurales, y trabajadores dependientes o independientes con ingresos “inferiores a un salario mínimo”, que desmonta las garantías mínimas del SGSSI proponiendo que estos accedan a salud subsidiada, Beneficios económicos periódicos (BEPS) y microseguro, en vez de pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar, derechos consagrados en la legislación colombiana y elementos indispensables del trabajo decente.


Así pues, pretende con esta reforma laboral para precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores, extinguir las obligaciones en materia de seguridad social, contratar por menos del salario mínimo, y acabar con la estabilidad laboral, las convenciones colectivas y la libertad de asociación.


En la misma línea de desmonte de garantías, crea la figura de “jornal” para las y los trabajadores rurales, permitiendo que los empleadores además de exonerarse del pago al SGSSI por efectos del mal llamado piso de protección social, puedan pagar por días, y así seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad en el campo, a costa del bienestar de los grandes dueños de plantaciones, y multinacionales que hoy se encargan de explotar a los trabajadores rurales.


La CUT advierte que el contenido del PND 2018-2022, anuncia cambios inconsultos e inconvenientes respecto a la normatividad laboral vigente, tales como la implementación del teletrabajo, trabajo virtual, trabajo temporal o por horas, al tiempo que propone, incentivar la formalidad laboral “mejorando el costo de contratación formal de los trabajadores (…) incluyendo una propuesta de flexibilización de los costos laborales no salariales” (PND 2018, p. 179). De otro lado, se evidencia la intención del Gobierno Nacional de incentivar la formalidad laboral introduciendo “elementos técnicos para una metodología de ajuste gradual del salario mínimo” (PND 2018, p. 179).

Lo anterior implica la introducción de un concepto flexible de formalidad laboral, que materializa las intenciones del Gobierno, teniendo en cuenta que establecer salarios mínimos diferenciados de acuerdo a la conveniencia de los empleadores en cada una de las ciudades y cambiar la fórmula de cálculo del salario mínimo, atenta contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos y desconoce los principios del trabajo decente.

En materia de acceso a la justicia laboral y protección de derechos, el PND solo se compromete a “sensibilizar personas y empresas” respecto a las estrategias de formalización laboral, sin cumplir con su responsabilidad de prevenir y combatir los esquemas ilegales de contratación, las nóminas paralelas de las entidades públicas, el uso indebido de las cooperativas de trabajo asociado o los contratos por prestación de servicios.

El Gobierno no figura como garante de derechos, sino un simple capacitador que no reacciona ante los delitos cometidos por las empresas y por el mismo Estado. En esta misma línea, solo hace mención de los compromisos internacionales, sin responsabilizarse por cumplir lo estipulado en los planes de acción laboral derivados de la firma de los Tratados de Libre Comercio, las recomendaciones del Comité de Empleo de la OCDE o las recomendaciones hechas por La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.

Es de anotar la carencia de garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, por el contrario, pretende adoptar medidas para regular la multiafiliación y fragmentación sindical. Lo que implica el inicio de una reforma sindical que viola los principios de autonomía, al interferir con asuntos de funcionamiento de las organizaciones sindicales. Con respecto al compromiso del diseño y puesta en marcha de la política pública de trabajo decente, solo hace referencia a que los Gobiernos territoriales implementen programas que promuevan el trabajo decente, sin ningún indicador, meta asociada, o consulta previa con las organizaciones de trabajadores o Subcomisiones departamentales de concertación de políticas laborales o salariales.

La CUT también expresa que El Plan Nacional de Desarrollo también propone que el presidente de la República tendrá facultades extraordinarias para modificar la estructura de la administración pública, específicamente de la Rama Ejecutiva del orden nacional o descentralizado, realizar modificaciones presupuestarias, y crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central.

Por último, el movimiento sindical observa con preocupación que el PND, se consolida a partir de una política pública regresiva, que entre otros aspectos, genera grandes retrocesos en la implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, reduciéndola a un asunto de priorización de las acciones del PND en los territorios, y asignado cero (0) pesos al supuesto “Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación”.

Ante estas formulaciones en el PND, la CUT propone: i) eliminación de todos los aspectos regresivos en materia laboral, pensional y sindical que han sido anunciados en el PND; ii) cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno Nacional en los Planes de Acción Laboral y con los demás organismos multilaterales; iii) compromiso explícito con la formalización laboral en términos de acceso a seguridad social, estabilidad laboral, garantía de los derechos laborales, y para el ejercicio de la libertad sindical, con especial énfasis en los trabajadores rurales; iii) erradicación de las formas ilegales de contratación, cooperativas de trabajo asociados, y nóminas paralelas estatales; iv) estrategias para la generación de trabajos decentes, atendiendo de manera prioritaria a los trabajadores rurales, mujeres y jóvenes; v) Implementación del acuerdo de paz, presupuesto y respecto por lo pactado.

Bogotá, 12 de febrero de 2019

DIOGENES ORJUELA GARCIA                                       EDGAR MOJICA VANEGAS
Presidente                                                                                  Secretario General

Plan Nacional de Desarrollo

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