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Informe de Presidencia a la IX Asamblea de Delegados

POR UN CONTROL FISCAL EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EN DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL Y DE DERECHO

 

Estimados Asambleístas reciban en nombre de la Junta Directiva Nacional y en mi nombre la más cordial bienvenida a esta, la IX Asamblea Nacional de Delegados, que con nuestra Asamblea de Fundación hace 10 años, el 21 de julio de 2000, ajustamos diez eventos democráticos que han desbrozado de manera correcta el camino seguido por nuestra organización.

Hace diez años nació Ascontrol como una respuesta, como una alternativa a las inquietudes planteadas por los trabajadores y las trabajadoras de la CGR de contar con una organización sindical amplia, democrática, pluralista; que les permitiera sentar posición y criterio sobre los tres asuntos que entonces, y hoy, les son estratégicos: La defensa de la estabilidad institucional, de la estabilidad laboral, y la defensa de los intereses de los trabajadores y sus familias.   Para algunos desprevenidos, no para nosotros, estos asuntos podrían ser catalogados como secundarios, estomacales o más técnicamente “economicistas”, alejados de la lucha clasista.

Sin embargo, es menester en nuestros diez años de existencia  precisar el alcance de cada uno de los elementos del trípode conceptual y de principios que sustenta nuestra que hacer diario.

Hablemos de la defensa de la estabilidad institucional.

Cuando planteamos como asunto estratégico la defensa institucional del órgano superior de control fiscal lo hacemos con la claridad y la autoridad moral y política que nos han dado años de vinculación estrecha al debate, al cuestionamiento, a la lucha política y a la movilización social, en contra de los programas de ajuste estructural y de estabilización prescritos por el Fondo Monetario Internacional fundamentados en reformas económicas y políticas neoliberales como la apertura de la economía nacional a los mercados y capitales transnacionales, el recorte del gasto público, la eliminación de subsidios, la privatización de empresas y la liquidación de entidades de carácter social y democrático. O en donde dejamos las históricas gestas del año 97 y 98, o las movilizaciones en contra de la Ley 617 que significó la liquidación de innumerables Contralorías Territoriales, o las movilizaciones en contra de los golpes neoliberales y posterior liquidación de la Caja Agraria, de Telecom, para mencionar algunas entidades emblemáticas, y en donde dejamos nuestra participación en defensa de la salud pública y en la movilización social por una educación pública, científica y al servicio del pueblo. No hemos sido inferiores a nuestros criterios, principios y compromisos con la lucha social y política. Nadie podrá decir que no llegamos a la cita, al mitin, a la asamblea, al paro, a la jornada de protesta. Hemos respondido y por ello, hoy Ascontrol es visto con respeto por el conjunto del movimiento sindical y social. Nuestro nombre es sinónimo de compromiso, de responsabilidad, de movilización.

Pero así como nos movilizamos por las decisiones del capitalismo salvaje en contra de nuestra institucionalidad, también lo hemos hecho cuando de defender la CGR se ha tratado. O que significado tienen  los criterios con los que asumimos la movilización de la Ley 617, o nuestra vinculación estrecha a la movilización en contra del referendo Uribista del año 2003 y en contra del proyecto de Ley 181 de la Administración del Contralor Antonio Hernández Gamarra en el 2005 o cuando hemos rechazado la contratación de personal que es vinculado no sólo en condiciones leoninas sino que sin capacitación sin supervisión se convierten en un problema y no en una solución. Cuando rechazamos el cambiazo de informes, cuando abrimos el debate respecto a qué se entiende por control posterior y selectivo; cuando rechazamos la forma y contenido del PGA y las diferentes decisiones que convirtieron nuestro control en un control inane, inocuo, inoportuno; lo hacemos porque entendemos el papel del control fiscal en la sociedad.

Pero debemos precisar aun más.  La defensa de la institución CGR como órgano superior de control fiscal lo hacemos exclusivamente por el prurito de defender nuestra estabilidad laboral? ¡Claro que no!. Cuando hablamos de control fiscal, estamos hablando de la herramienta que la sociedad burguesa estableció para controlar la gestión fiscal de los responsables de administrar la cosa pública, para garantizar que los gestores públicos cumplan no sólo con las responsabilidades funcionales asignadas sino con la principal de ellas, la rendición de cuentas que deben dar al Congreso y a la sociedad y en virtud de ello, ese Congreso y esa sociedad le han conferido al órgano de control facultades de control y de revisión. Es decir, cuando hablamos de control fiscal estamos hablando de democracia. Por lo tanto, cuando hablamos de defender la CGR como institución, lo hacemos porque es la responsable del control fiscal que es una función fundamental, clave para el Estado Social y de Derecho.

Lo hemos dicho en casi todas las asambleas, pero vamos a repetirlo, porque es necesario al cumplir nuestros primeros diez años que este asunto estratégico y de principios quede claro.

Cuando hablamos de control fiscal estamos hablando de controlar, de opinar, de revisar, de auditar en nombre de la sociedad que los recursos públicos se utilizan en el cometido colectivo contemplado en la constitución y en el espíritu del constituyente del 91 que Colombia fuese un Estado Social y de Derecho y ello significa vigilar que el Estado garantice y respete los derechos humanos, otorgue y respete las garantías civiles, garantice la inclusión social y respete la diversidad étnica, cultural, religiosa, política, de género, ideológica, política y esto se traduce en políticas públicas de desarrollo económico, de salud, de vivienda, de educación, de empleo, de industrialización, de investigación, de creación de riqueza social, cultural; que deberían ser objeto de análisis, estudio y control por parte de la CGR.

Cómo podemos hablar de democracia en una sociedad de excluidos?. Cómo hablar de democracia en una sociedad donde el derecho a una vida digna, entendida ésta como una vida signada por el acceso a un empleo decente, bien remunerado, con plenas garantías laborales; el acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a agua potable, a servicios públicos, a recreación es sustituida por una sociedad de desplazados, pobres e indigentes?. Cómo hablar de democracia cuando se cercena el principal derecho de todo ser humano que es el derecho a la vida  y por el contrario por doquier campean las masacres, los asesinatos selectivos, el chantaje, la extorsión, los secuestros y tanto Paramilitares, de viejo y nuevo cuño, las fuerzas de seguridad del Estado, la guerrilla y el narcotráfico buscan justificar su papel y su actuación como generadores de la violencia?.

La instauración del modelo neoliberal y su ulterior desarrollo y profundización significó el quebrantamiento ostensible y significativo de la constitucionalidad vigente acompañado de graves trasgresiones a las normas básicas del régimen democrático burgués. En Colombia pese al escaso desarrollo del capitalismo, a la dominación imperial, se puede afirmar que la democracia burguesa es una tradición histórica de nuestra república. El santanderismo fue la expresión básica y temprana de la democracia burguesa. Es lo que F. Mosquera fundador del Partido del Trabajo de Colombia llamó la tradición democrática de Colombia.

En tal condición, la democracia burguesa se alzaba como un obstáculo ante la aplicación del esquema aperturista neoliberal y por ello ha soportado los embates del neocolonialismo aperturista. En ese terreno de lo constitucional, legal o jurídico, se libra, desde los inicios del período aperturista, una encarnizada lucha entre la negación de la democracia burguesa por parte de la contracorriente neoliberal y su defensa por parte de las fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas. Es por ello, que las consignas de “no al referendo reeleccionista”, o de rechazo a las reformas constitucionales que limitan o cercenan derechos y beneficios, o las tareas de respaldo y reivindicación a la independencia de las ramas del poder estatal no se reducen a frases muertas o huecas sino que se encuentran en la esencia misma de la lucha por la democracia.

Lo anterior sin desconocer u obviar lo planteado por Lenin en el sentido que en la mejor de las democracias burguesas los derechos democráticos, sin excepción, para los obreros y el resto de la población, son condicionados, limitados, estrechos, formales y difíciles de ejercer a plenitud. Y que la democracia es posible bajo el capitalismo pero que esa democracia no suprime la opresión de clase ni la subordinación o dominación imperialista. Ello significa que los derechos democráticos pueden ser realizables y alcanzables en la democracia burguesa cosa que no ocurre con la solución de los problemas económicos y sociales que sólo se alcanza suprimiendo el modo de producción capitalista. Los trabajadores y trabajadoras entenderán que la explotación y la exclusión social, la dominación o subordinación económica no podrán ser resueltas sin la supresión definitiva del actual régimen de producción.   Pero así mismo Lenin sentenciaba que ello no puede interpretarse como si la democracia no sirviera para nada o que haya que renunciar a la lucha por los derechos democráticos. Mao Tse-Tung precisó en 1935 que: “Es imposible desplegar con éxito la revolución nacional a menos que su vanguardia, la clase obrera, obtenga sus derechos políticos y económicos y pueda así dedicar su fuerza a la lucha contra el imperialismo y sus lacayos, los vende patrias”.

Cuando se pretenden desconocer fallos o sentencias judiciales o cuando se les da una interpretación acomodada a las normas disciplinarias, penales, administrativas o cuando se pretende cercar y acorralar a otro poder público o cuando la problemática del desplazamiento, de los pobres y de la indigencia se reduce no a resolverlos sino a un problema de registros y estadísticas; se está atentando contra la democracia, se está atacando la esencia del Estado Social y de Derecho.

Reivindicar que la separación de poderes públicos es fundamental para la democracia contempla reivindicar que en todo Estado Social y de Derecho como el Colombiano deben existir pesos y contrapesos, es decir, controles entre los diversos órganos del poder público que lo componen, lo cual implica que todos y cada uno de éstos, son a la vez contrapesos y controles de los demás. Y específicamente, en cuanto al manejo de los recursos y bienes públicos, el principal contrapeso democrático no sólo es el control jurídico y el control político sino el control fiscal ejercido por las Contralorías, bien sea territoriales o General.

La Asamblea Nacional Constituyente, en su afán por colmar las expectativas de la sociedad civil que exigía un mecanismo de Control Fiscal que erradicara pronta y definitivamente la corrupción, y, simultáneamente, garantizara la prestación eficiente de los servicios a cargo del Estado, le otorgó al control fiscal rango constitucional y es reorientado a medir la gestión y los resultados de los actos del Estado y del Gobierno.

 

He ahí la importancia del control fiscal, he ahí la importancia de defender la Contraloría General y las Contralorías Territoriales. Mientras no se visibilice el control fiscal público como un elemento esencial de una democracia asistiremos como impávidos espectadores a que la corrupción se “estabilice” o se “reduzca a sus justas proporciones”. O que como lo planteó el Ex contralor Palacio Rudas “el control es la base de la estabilidad democrática, y desconocerlo, o subestimarlo, u obstaculizarlo con cualquier pretexto, así sea aparentemente el más apropiado, es asestar un peligros golpe a las instituciones y dar el primer paso para la implantación de situaciones de hecho”.

Todos tenemos una responsabilidad en la defensa del estado social y de derecho y dicha defensa se encuentra enmarcada en el entendimiento, fortalecimiento y defensa del control fiscal público ejercido por la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Dicha defensa es esencial en la lucha por la democracia y que esa lucha es condición sine qua non para llevar a cabo el cambio del modelo económico y social vigente de exclusión, desplazamiento, pobrería, indigencia, subordinación y dependencia por un modelo de desarrollo incluyente, democrático, soberano e independiente. Luchar por la democracia, rechazar la corrupción, defender el Estado Social y de Derecho, defender la estabilidad laboral e institucional, defender la independencia y autonomía del control fiscal ejercido por la CGR son asuntos de principio de nuestra organización sindical.  Durante diez años, ha sido Ascontrol el baluarte organizativo y político de los trabajadores y trabajadoras en su incansable compromiso de lucha, movilización y concertación.

Nuestro advenimiento como organización sindical se hizo como respuesta a la inmovilidad existente frente al certero ataque contra la estabilidad laboral e institucional que se desarrolló entre los años 1999 y 2000.  Es decir nacimos como una respuesta organizada contra las liquidaciones y reestructuraciones, nacimos porque compartimos el criterio que el control fiscal es clave para la democracia, que rechazábamos y rechazamos las intentonas neoliberales sobre el control fiscal. A partir de ese momento, Ascontrol ha sido actor protagónico de la vida laboral, administrativa, funcional, operativa, y misional de la CGR.

 

Respecto a nuestro segundo elemento estratégico, la defensa de la estabilidad laboral, debemos precisar lo siguiente:

 

En el Estado Social y de Derecho que se buscó con la Constitución Política de 1991 se planteó que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Así mismo esbozó una serie de derechos sociales, económicos, culturales, prestacionales y salariales y del trabajo que deben ser tenidos en cuenta en las decisiones de política pública del Estado y en el Artículo 125 se preceptúa que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera y que los funcionarios del Estado serán nombrados por concurso público y en ese mismo artículo se precisa que el ingreso será previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Y más adelante en el numeral 10 del Artículo 268 le señala como función del Contralor General la de proveer mediante concurso público los empleos de la CGR y define que se tendrá un régimen especial de carrera administrativa.

 

En los anteriores preceptos constitucionales está fundamentada nuestra estabilidad laboral. El ingreso, ascenso y permanencia se basan en el mérito como único mecanismo de valoración al interior de la CGR para proveer los cargos de nuestra carrera especial/ constitucional.

 

Por lo tanto cuando la organización sindical señala como un asunto estratégico la estabilidad laboral, lo hace puntualizando que la misma se entiende como el respeto irrestricto de nuestro sistema especial de carrera administrativa y que por ello, sin nuestro consenso o participación, no permitiremos ningún tipo de modificación sustancial al sistema especial de carrera.

 

Y en la defensa de nuestra estabilidad laboral, de nuestro sistema especial de carrera hemos sido verticales y comprometidos. Y nadie puede poner en duda nuestro compromiso y nuestro accionar o darle una valoración equivocada para minimizarlo.

 

Cuando hemos rechazado las maniobras y decisiones equivocadas de las convocatorias de concurso público, cuando rechazamos las listas unificadas de elegibles, cuando exigimos que el mérito sea el rasero del análisis de las hojas de vida de los funcionarios o aspirantes, cuando rechazamos que se introduzcan elementos de la carrera general a la carrera especial; es decir, cuando demandamos respeto de nuestras normas de carrera; lo hacemos en el entendido que son la base de nuestra estabilidad laboral.

 

Cuando nos movilizamos en contra del artículo del proyecto de ley 181 que pretendía implantar la evaluación anual de idoneidad lo hacíamos porque entendimos que era asestarle un golpe de gracia a nuestro sistema especial de carrera, a nuestra estabilidad laboral. Cuando rechazamos la presentación de proyectos de ley que de manera directa o disfrazada pretender abordar temas relacionados con la planta de personal para hacer nuestra carrera más “flexible”, menos “estática”, o que haya una “verdadera carrera”, lo hacemos porque son frases huecas o pretensiones bondadosas que encierran el golpe artero al corazón de nuestra estabilidad  laboral, nuestro sistema especial de carrera administrativa. Y desde el año 2006 hasta hoy, logramos con el dialogo y la movilización detener en cinco ocasiones la presentación de los susodichos proyectos de ley.

 

Cuando rechazamos la tercerización de nuestra planta de personal, cuando rechazamos los contratos leoninos de que son objeto los contratistas, lo hacemos porque estamos comprometidos con la estabilidad laboral, con las condiciones dignas de las cuales deben gozar los trabajadores y trabajadoras de la CGR.

 

 

Ahora si damos una rápida mirada al tercer elemento estratégico, la defensa de los intereses de los trabajadores y sus familias podremos decir que hemos cumplido cabalmente. Veamos:

 

Se debe a Ascontrol los avances sustanciales en materia laboral y de bienestar, de representación de los trabajadores y trabajadoras en la vida institucional, en materia salarial y prestacional; es decir, en la lucha por nuestros derechos sociales, económicos y políticos.

 

Hemos intentado resolver los problemas económicos de los trabajadores y trabajadoras con la lucha por defender el quinquenio como prestación, las horas extras, la dotación, la consecución de las primas fiscales, de la nivelación salarial. Hemos recurrido a las acciones jurídicas, políticas y organizativas para alcanzar nuestros derechos económicos, nada se nos ha regalado ni dado, siempre a todas nuestras peticiones las hemos acompañado con la movilización, con la concertación, con la acción política al interior y exterior de la CGR.

 

Hemos sido una organización para la movilización y lucha social. Hemos estado inmersos en la lucha por la democracia y en la lucha por un modelo de desarrollo alternativo al punto que, hoy, somos una organización sindical de referente en el mundillo sindical, tenemos vocería y participación activas en la vida interna de la CUT, del Comando Nacional Unitario, de la Gran Coalición Democrática, del Polo Democrático Alternativo, del Partido Liberal, incluso hay compañeros y compañeras que hacen vida política en sectores tradicionales de la vida política nacional. Es decir, somos una organización pluralista, amplia, diversa en criterios, posiciones, enfoques y todos y todas debemos enaltecer ese carácter multipartidista, multiideològico, multiétnico, multicultural; pero a pesar de esa variedad nos identificamos en la defensa de la CGR, del control fiscal ejercido por ella, de su autonomía, de su independencia; en la defensa de los interés de los trabajadores y sus familias; en la defensa de la estabilidad institucional y laboral.

 

Algunos se preguntarán el porqué de este análisis de nuestro accionar sindical. Porque pretendemos acallar las voces de quienes pretenden hacernos ver como una organización sindical que nunca ha opinado, ni luchado, ni concertado, que nunca nos hemos movilizado.

 

Se hace necesario reiterar y repetir que desde el inicio de la administración de Turbay Quintero se planteó una confrontación por el contenido y propósitos de su discurso de posición de diferenciar los instrumentos procesales y de investigación de acuerdo a la cuantía; es decir, se planteaba la posibilidad de juzgar la corrupción no por ser corrupción sino si esta era pequeña o grande. Controvertimos con su criterio de fomentar nuevas veedurías ciudadanas a lo largo y ancho del país en contravía de los comités de vigilancia ciudadana o de fortalecer las auditorías articuladas. Le confrontamos cuando planteó su compromiso con la austeridad y la relacionaba con la necesaria reducción de la planta de personal y reivindicaba el criterio de la gerencia pública moderna de “hacer más con menos”.

 

Y esa confrontación no sólo fue teórica y conceptual sino que planteamos por doquier la necesidad de hacerle un cierre general a la administración para el día 21 de septiembre de 2006, cierre que llevamos a cabo totalmente solos sin el acompañamiento de los radicales del momento pero divisionistas de siempre. De esta manera dimos inicio a un período continuo y permanente de confrontación, de movilización, de mítines, de cierres, de asambleas; de tratar de hacerles claridad a los compañeros y compañeras, de convencerlos que estamos en carrera administrativa y nos asiste el derecho de cuestionar, disentir y confrontar las decisiones de la administración cuando estas perjudican o lesionan nuestra estabilidad laboral o institucional.

 

En este punto técnico debemos precisar que Ascontrol, como ninguno, ha defendido la autonomía e independencia de la CGR y la autonomía, independencia y profesionalismo de nuestros auditores, investigadores y de todos los funcionarios de la CGR y que como estamos seguros de ello, siempre hemos reivindicado como único criterio para la evaluación del trabajo auditor, su apego a la objetividad, a la profundidad de las pruebas, a la materialidad y representatividad que soportan sus opiniones  y que por ello no aceptamos la intervención de actores ajenos a cada uno de los procesos misionales y mucho menos aceptamos la intromisión del gobierno nacional en ellos o que las opiniones finales se fundamenten no en criterios técnicos sino políticos.

 

Desplegamos toda nuestra iniciativa, toda nuestra capacidad de movilización y de concertación pero así mismo enfrentamos la respuesta de la administración abierta y pública unas veces o soterrada y oculta otras veces. Respondimos con nuestras herramientas jurídicas, administrativas, sindicales y de comunicación.

 

Toda esta labor de protesta y defensa puso a prueba la nueva estructura de nuestra organización sindical y debemos decir que salió avante y fortalecida. Hoy, se justifica plenamente la participación activa de las subdirectivas en la Junta Nacional. Otrora nuestras jornadas se centraban en la participación de cinco o seis subdirectivas. Hoy, podemos afirmar que la respuesta de la organización sindical contó en las diferentes tareas programadas con la participación de once o doce subdirectivas; es decir, aumentamos nuestra capacidad de movilización y de respuesta.

 

Pero así mismo, es clara la apropiación que han hecho las subdirectivas de su papel en la Junta Directiva y por ello también asumieron su papel de liderazgo, de iniciativa, de cordón umbilical entre la Junta y los afiliados y con la claridad de las opiniones de los trabajadores orientaron cuando era el momento de protesta y cuando el momento de concertar y de dialogar. Es decir, la democracia representada en la participación de las subdirectivas y del equipo de trabajo de Bogotá, dan plena validez a nuestra estructura sindical participativa. Esta organización sindical ya no cree en que deba ser dirigida por los “grandes”, por los “más capaces”, esta organización sindical ha aprendido que todos somos grandes; que todos somos capaces; que la diversidad de criterios, de conocimientos, de experiencias de vida y de lucha ha hecho que la participación y la democracia no sean palabras huecas e inanes sino reales y efectivas. Hoy, hay más sentido de pertenencia de nuestra organización. Es imperativo defender esta estructura frente a quienes pretenden volver al pasado.

Se recurrirá al debate filosófico sobre democracia directa o democracia representativa y en este aspecto debemos decir con Andrés Gleixner “La democracia representativa es una forma de gobierno por la cual el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas periódicamente mediante elecciones libres. Las autoridades elegidas tienen el deber de actuar conforme a los intereses de los ciudadanos. Mientras que la democracia directa, o también catalogada como participativa, es una forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden participar directamente en el proceso de toma de decisiones políticas, preferentemente en los procesos legislativos. De esta manera el pueblo tiene la posibilidad de aprobar o derogar leyes en cualquier momento”.  

Y entonces nos preguntaremos: Cuál es más democrática ¿nuestra estructura actual que es construida de abajo hacia arriba? Ò ¿la elección de un grupo de connotados dirigentes como órgano superior de dirección?. Creemos que la actual.

Sin embargo, sí debemos puntualizar que si en cada una de las subdirectivas no se realizan de manera periódica las asambleas sindicales; cada seis meses o extraordinariamente a citación de Presidencia o Fiscal Seccional, dictan nuestros estatutos; ahí si asistiremos a una democracia restringida, recortada, por ello es perentorio que esta magna asamblea oriente respecto a la obligatoriedad inaplazable de efectuar nuestras asambleas sindicales según lo preceptuado estatuariamente.

Pero de qué sirve este sucinto análisis de nuestro quehacer diario si no analizamos el inmediato futuro? Cómo vemos la actual administración? Qué creemos debe ser nuestro derrotero en el próximo futuro? Sobre qué asuntos debemos centrar nuestros esfuerzos o hacer más énfasis?

Para poder dar respuesta  seria a dichos interrogantes debemos de manera sucinta hacer un análisis del nuevo gobierno y de la nueva administración. Algunos diràn que es muy temprano para hacer una análisis del gobierno de Santos y màs aùn para hablar de la administración de Morelli Rico. Creemos que no es asi. Ya hay elementos que nos permiten visibilizar el futuro del control fiscal.

 

Si pretendemos dirigir los destinos de la principal organización sindical de los órganos de control tenemos la obligación de entender el entorno político en el que se desarrolla el quehacer estatal, el quehacer público.

 

Ocho años de Uribismo degeneraron en que Colombia tuviera una involución histórica en el desarrollo económico, un retroceso. A comienzos del siglo XX la condición de país subdesarrollado se media si su crecimiento económico se sustentaba en la exportación de productos primarios. Hoy, Colombia, en pleno siglo XXI, pasó de exportar 5 mil millones de dólares de productos minero-energéticos en 2002 a exportar 15 mil millones de dólares en petróleo, carbón, ferroníquel, oro y otros. Es decir nos convertimos en un país minero-exportador. Somos una nación básicamente desindustrializada, no existen grandes industrias de bienes de capital, con la inmensa mayoría de las tierras fértiles dedicadas a la ganadería extensiva, a los monocultivos (café, palma) y a la producción de elementos necesarios para el procesamiento de biocombustibles.  

 

Debemos decir que durante la era Uribe se cumplió con aquello de generar y acrecentar la “confianza inversionista”, la inversión extranjera aumentó vertiginosamente pero no hay desarrollo, no hay crecimiento del empleo. Y ello ocurre porque la inversión se centró en la banca, en los servicios y no en la industrialización del país. El país vio como las formas modernas de la esclavitud salarial se convirtieron en la forma de contratación predilecta; el empleo se tercerizò, se precarizó, se aumento la informalidad, se quebró  el sistema general de salud, la calidad de la educación se deterioró, los sectores más empobrecidos se clientelizaron con programas de corte asistencial como familias en acción, guardabosques y a pesar de ello, Colombia es hoy, una de las naciones con más alto nivel de pobreza e indigencia e informalidad de América Latina.

 

Algunos saldrán en defensa de los ocho años del Uribismo con la catilinaria de la seguridad, dirán “ahora podemos ir a la finca” pero los benditos no tienen finca, dirán “ahora podemos ir de paseo” pero los benditos no tienen recursos para ir de paseo. Por ello, hasta los contradictores de Uribe les ayudamos diciendo que la seguridad democrática colocó al Estado burgués en ventaja e iniciativa frente a las acciones de la insurgencia lo cual para quienes defendemos el Estado Social y de Derecho es positivo sin embargo, en la búsqueda de ese equilibrio se le otorgó una preeminencia inusitada a los sectores políticos más recalcitrantes de la sociedad, a aquellos estrechamente vinculados a la mafia y al paramilitarismo, hoy nadie en Colombia, pone en duda las acertadas aseveraciones y denuncias de Gustavo Petro sobre cómo el Estado cayó bajo el férreo control de las mafias y el paramilitarismo y con ello arribó a Colombia la intimidación de la justicia, el soborno masivo del Congreso, el robo de los recurso de la salud y las regalías para financiar la guerra, se estigmatizó y asesinó a la oposición y a los luchadores sociales, se acrecentó el desplazamiento forzado, y la impunidad se encuentra por doquier con millones de víctimas sin reparación.

 

Estos ocho años de Uribismo fueron el resultado del silencio y colaboración del neoliberalismo criollo que al ver en peligro la institucionalidad burguesa con la arremetida de la insurgencia hizo alianza con la mafia y el paramilitarismo y llevó a la cabeza del Estado a un hijo de la alianza terrateniente paramilitar que jugó su papel durante estos ocho años pero que cumplido éste se presenta ante los ojos de sus progenitores como díscolo, con ambiciones salidas del estrecho  marco burgués que se le había señalado y por ello es menester detener y relevar del mando y colocar al frente de los designios de la nación a un hijo nacido de sus entrañas, a un hijo de la familia, de su clase, de su pedigrí. Ese era Santos, porque es respetado por la alianza mafiosa y paramilitar y puede responder más obsecuentemente tanto a los designios del imperio como a los designios del neoliberalismo criollo. De lo que se trata es de profundizar el modelo neoliberal pero sin sus aristas paramilitares y mafiosas, es necesario no solo declarar el respeto a los derechos humanos sino presentar ante la sociedad políticas de promoción y defensa de los derechos humanos, no podemos seguir siendo cuestionados a nivel internacional por los desafueros del capataz del Ubérrimo. Ahora debemos ser más sutiles, más cuidadosos de la forma.   Uribe pertenece a esa clase emergente proveniente de la ola de violencia y narcotráfico. Por el contrario Santos pertenece a la más encumbrada plutocracia bogotana de los negocios y la política colombiana, vástago de un linajudo clan familiar afincado en un emporio de las comunicaciones, se podría decir que Santos representa al patrón del capataz.  El patrón ganó y está decidiendo y muchas de las decisiones van en seria contravía de lo pensado y actuado por las huestes de la muerte.

 

El pretender centralizar los recursos de las regalías, meter en cintura los recursos de SGP no solo se trata de centralizar sino de arrebatar los recursos que han permitido la financiación paramilitar en Colombia, ello no puede ser desconocido ni soslayado por ninguno de nosotros.

 

En conclusión no es que Santos sea el demócrata que se cree, ni es un luchador social pero tampoco es Uribe, continuará algunas de sus políticas pero buscará diferenciarse para no caer en el señalamiento internacional, se guardara la forma así el contenido no cambie pero ello hará que se genere un eventual enfrentamiento entre el Uribismo paramilitar y mafioso y la plutocracia de regreso a las mieles del poder. Hasta ahora está empezando este gobierno y deberemos seguir a pie juntillas cada una de sus decisiones para no equivocarnos en la táctica.

 

Respecto a la nueva administración de Sandra Morelli Rico solo atinamos a decir: Primero que así se trate de  soslayar u ocultar, fue la candidata de Santos en la pugna por la CGR, es inocultable el gran compromiso de Morelli Rico con el Congreso de la República, pero así mismo debemos resaltar sus calidades académicas y si analizamos sus primeras intervenciones y comentarios, fuera del desafortunado pero cierto compromiso político, podremos decir que han sido acertados. Por ejemplo creo que su postura de “ser solidaria con las opiniones de los funcionarios  siempre y cuando éstos se encuentren debidamente justificados jurídica y fácticamente y que demandará de los funcionarios el más alto nivel de imparcialidad” tiene dos aristas importantes: la primera que respetara nuestra labor auditora e investigadora si ella se sustenta en un trabajo idóneo, profesional, imparcial, objetivo y que nuestras opiniones y aseveraciones se sustenten en hechos demostrables y se soporten jurídicamente. En otras palabras que buscará y promoverá el debate técnico e imparcial.  Y es exactamente en ese terreno que deseamos que se sustenten las decisiones de la alta dirección de la CGR, sean éstas misionales, técnicas, administrativas o laborales. No le rehuimos al debate técnico, al contrario lo promovemos, lo aceptamos, es nuestra razón de ser como funcionarios del control fiscal, sólo aquel que no hace bien su trabajo le rehúye al debate técnico. Y en ese sentido debemos pasar a la ofensiva en el debate. Debemos de manera consensuada definir los criterios de la organización sindical sobre cómo reposicionar y redireccionar la labor misional de la CGR, debemos sentar posición y criterio respecto al proceso auditor: sobre cómo se debería elaborar el PGA, sobre el Audite, sobre el exceso de procedimientos y formalismos, sobre el significado y alcance del control posterior y sobre qué entendemos por selectividad. Respecto al proceso de responsabilidad fiscal, sobre participación ciudadana, sobre control macro, sobre las actuaciones administrativas. No se trata de decir que no hemos dicho nada de nada, se trata de definir el enfoque, el alcance y el acento: seguimos dejando constancias históricas, seguimos dejando denuncias o buscamos incidir en las decisiones misionales, técnicas, administrativas y laborales.

 

Esta magna asamblea deberá en el trascurso de sus sesiones definir el derrotero, el camino a seguir. Esa es nuestra responsabilidad y para ello, nos deberemos organizar en comisiones que apunten a resolver no sólo qué decir, sino cómo decirlo y cómo lograrlo.

 

Esta asamblea debe definir si presentamos un nuevo pliego de solicitudes a la nueva administración que incluya asuntos administrativos, laborales, de carrera, salariales, prestacionales y para ello se presenta un borrador de pliego que debe ser discutido, analizado, complementado, adicionado, o modificado con su criterio. Debemos definir qué pedir, cómo defender el pliego, cómo promoverlo, como lograrlo.

 

Esta magna asamblea deberá seleccionar los compañeros y compañeras que pondremos a consideración del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la CGR como sus representantes ante los comités institucionales.

 

Compañeros y compañeras, delegados todos; asumamos nuestra responsabilidad con el presente y con el futuro y del pasado sólo debemos extraer sus enseñanzas y a partir de ellas rediseñar y redefinir nuestro futuro.

 

Muchas gracias.

 

ASCONTROL SIEMPRE CONTIGO.

 

CARLOS SAAVEDRA ZAFRA

Presidente Nacional Ascontrol

IX Asamblea