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Nuestras razones para protestar

Tenemos las más variadas razones para protestar y participar de la Jornada Nacional de Protesta de mañana, 21 de febrero de 2018, pero si queremos esquematizarla, podríamos decir que hay razones de índole laboral y misional. Todas valederas e indiscutibles.

Desde nuestra perspectiva, sí es necesaria la “pena de muerte a los corruptos”; pero no su muerte física, porque, afortunadamente, a pesar de sus falencias y de los ataques que debe soportar, somos un estado social y de derecho y algunos agregarán, hasta piadoso, que no permitirá tamaño exabrupto. Lo que se requiere es su muerte política, económica, administrativa y laboral.

Sin embargo, en un país secuestrado y cooptado por el cartel de la toga, el cartel de los falsos testigos; la politización y clientelización tanto de los órganos de control como de la Fiscalía General, terminarían siendo sancionados y perseguidos no los carteles y organizaciones criminales de empresarios y políticos corruptos, sino los ciudadanos que osen denunciarlos y combatirlos.

El Estado Colombiano ha diseñado un sistema de control fiscal plagado de normas que buscan volverlo inane e inoportuno; si a ello le sumamos la tragicomedia de que cada cuatro años la institucionalidad de control es sometida a la más descarada politización para elegir un ungido (a) que, como ha ocurrido en los últimos 20 años llega, permeado por el complejo de Adán y en un desconocimiento de la memoria institucional, de sus logros, avances, y yerros, posan cual salvadores y nuevos arquitectos del futuro del control fiscal imponiendo sus diagnósticos, propuestas y criterios de mejoramiento y fortalecimiento contando para ello, muchas veces, con la venia de los alcahuetes de siempre.

Esa nefasta sumatoria de un Congreso permeado por la corrupción, unido al Cartel de los Togados, en un Estado que legisla y profieren sentencias judiciales, no para combatir eficazmente la corrupción, sino para debilitar las instituciones de control nacional y territorial, es un Estado que no puede luchar contra la corrupción.

Hoy, como pírrica primera victoria del proceso de paz alcanzado con la firma del Acuerdo de La Habana, la sociedad enceguecida por una violencia inútil ve cómo, tras el discurso de una fementida seguridad y combate contra los violentos, se ensombreció el manejo de la cosa pública y Tirios y Troyanos la hicieron parte de su caudal privado y los funcionarios de las Contralorías Territoriales, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, maniatados administrativa laboral, jurídica, técnica y metodológicamente, asistimos al debilitamiento institucional, a su politización y su clientelización.  

Ayer fue la Resolución 6036 de Turbay Quintero, después con Sandra Morelli y su estatuto anticorrupción se dio vida a la nefasta figura de los provinciales y hoy, la separación en tres controles del modelo de control fiscal actualmente ejercido por la CGR, a espaldas de las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia. ¿Tres modelos de auditoría? ¿Ya no hay control integral? Los formatos no los entienden ni los que los diseñaron.

Y la sociedad le reclama a una institucionalidad de control fiscal sometida a su paulatino y sistemático marchitamiento y debilitamiento administrativo, jurídico, presupuestal y misional, resultados en la lucha contra la corrupción y en la recuperación de los recursos apropiados delincuencialmente por los carteles de empresarios y políticos corruptos.

Esa misma institucionalidad, hoy grita, ¡basta ya! de tanta ironía y sinvergüencería. No somos los funcionarios de carrera los causantes de la corrupción, somos, como toda la sociedad, sus víctimas. No pongan en nuestras espaldas la responsabilidad de normas y reglamentos, de guías y de resoluciones, de Saes – Sicas – Siref que han empantanado el ejercicio de control. No somos nosotros los que en 20 años hemos preferido auditar a las mismas entidades, a los mismos sujetos de control. Si no hay más resultados es porque siempre han gobernado los mismos con las mismas. Si no hay resultados es porque hay una pésima planeación del PVCF. Si no hay resultados es porque no hay apoyo jurídico, administrativo y presupuestal. Si no hay resultados es porque muchos auditores e investigadores ven impávidos cómo se disminuye año tras año el ámbito de control.

Hemos asistido al desarrollo de una política estatal del “NO CONTROL”. A nosotros, hoy, nos corresponde salir en defensa de la institucionalidad del control público nacional y territorial. Y en verdad que así lo haremos.

Pero así mismo, hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a entender que este es el asunto principal de nuestra protesta; pero a ello le acompañamos circunstancias como el incumplimiento del Acuerdo Laboral que solo quedó bien escrito (aún inédito); el cierre inexplicado de las cafeterías en horas de la mañana; la ubicación de los señores lustrabotas; los casos de acoso laboral que se presentan recurrentemente.

Y la más grave: la reciente amenaza proferida contra la Carrera Administrativa, en el sentido de que, es una herramienta que no deja retirar a los funcionarios de la entidad. Ya son al menos, tres oportunidades en las que se ha planteado efectuar periódicamente los “exámenes de idoneidad” con la intención de debilitar la carrera. Eso significa echarle la culpa a los trabajadores de lo que no puede hacer el establecimiento. Eso es inaceptable.

Si de idoneidad y transparencia se trata, lo ideal sería que todos conociéramos en qué se invirtieron los recursos de US$30.000.000 y qué beneficios trajeron para el control fiscal.

Esta suma de factores nos pone en estado de alerta para hacer ver a los trabajadores cuáles son las condiciones actuales de la entidad y del Estado y cuáles son las consecuencias si dejamos pasar esas frases dichas al desgaire pero llenas de un contenido que interpretamos como lesivo a derechos consolidados de vieja data.

Por ello LOS ESPERAMOS, mañana 21 de febrero de 2018 a las 9:30 am a sentar nuestra voz de protesta ante estas situaciones que afectan de manera grave nuestros derechos, la existencia de la carrera administrativa y por qué no decirlo, hasta la existencia misma de este ente superior de control.

Bogotá D.C. febrero veinte (20) de dos mil dieciocho (2018)

 

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