Política anti-drogas usando el estado, el mercado y la razón

La denominada “guerra a las drogas” fue declarada por los Estados Unidos de América desde los años setenta del siglo XX cuando ostentaba con la extinta Unión Soviética el indiscutible título de superpotencia en el sistema internacional bipolar de la “guerra fría”. Tal guerra ha consistido en prohibir absolutamente la producción, comercio y consumo de sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína y otras más.

Luego de tres décadas mucha sangre se ha derramado, montañas de dinero público se han destinado a perseguir arbustos de coca, drogas y dinero de las mafias; las cárceles se llenaron de consumidores y delincuentes menores y el medio ambiente ha sido fuertemente deteriorado por la producción artesanal y clandestina de esas sustancias.

Los costos humanos, económicos y medio ambientales del prohibicionismo absoluto han sido monumentales y producen desilusión al contrastarlos con los resultados obtenidos: una demanda estable abastecida por poderosas mafias transnacionales fortalecidas durante décadas por las extraordinarias ganancias derivadas de la ilegalidad. En teoría, el Estado persigue y confisca insumos, producto final y ganancias ilegales; pero tal persecución es costosa y de ser exitosa ya hubiese quebrado a los carteles de la droga y la oferta habría desaparecido.

Al grave problema de salud pública creado por el consumo de drogas se añadió otro tanto o más grave, la corrupción y disolución de las incipientes administraciones públicas y sistemas judiciales de variadas periferias rurales de Colombia, México y Centroamérica, a manos de una inédita mezcla de carteles narcotraficantes, pandillas juveniles, miembros de los poderes públicos y, por si fuera poco, organizaciones guerrilleras en el caso de Colombia.

Visto el asunto en retrospectiva, cuesta creer que semejante política haya sido impuesta por el mismo liderazgo norteamericano que en los años veinte, en forma lúcida, frenó en seco el poder de las mafias legalizando las industrias del tabaco y el alcohol (aunque yéndose al otro extremo: el mercado libre).

Recientemente escuché en los medios de comunicación de Colombia los resultados de un sondeo entre la ciudadanía. Revelaba una dura contradicción. Por un lado, la mayoría de entrevistados consideran al consumo de drogas muy dañino para la salud, lo que está plenamente verificado por la medicina y la sicología; por ello, se le considera un enorme peligro para la juventud y se rechaza la legalización. Simultáneamente, en forma mayoritaria las gentes creen que la guerra anti-drogas, es decir, el prohibicionismo absoluto, es un fracaso, conclusión compartida por prácticamente todo el mundo: legos, especialistas, políticos, académicos, policías. Adicionalmente, la gente piensa que no debe legalizarse pero…considera inadmisible que su hijo vaya a la cárcel si es detectado consumiendo drogas. “Queremos reglas para los demás y excepciones para nosotros” decía Voltaire.

Tal encuesta, en particular, se realizó sobre una muestra de individuos en un país y momento específicos por lo cual la ciencia estadística podría discutir su validez como representación fiel del universo. No obstante, creo que refleja el juicio del individuo medio que conoce a ciencia cierta (porque lo sufre en carne propia) o intuye (porque su vecino o los medios de comunicación le comentaron) la tragedia que significa tener en casa a un adolescente adicto sin rumbo alguno o un adulto adicto incapaz de pagar su propia fiesta y de no fastidiar a los demás.

Como muchos, creo que es prácticamente imposible desaparecer la demanda y oferta de drogas y admito también que una vez el consumidor traspasa cierto umbral el viaje de retorno es extremadamente difícil: el adicto irremediable se convierte en un doloroso y, si carece de recursos propios, costoso problema social. ¿Qué hacer?

En un extremo, los prohibicionistas absolutos pretenden eliminar hasta el último arbusto de coca y llevar a cero el consumo de cocaína en la sociedad. En el otro, partidarios de una legalización completamente des-regulada desconocen el alto poder adictivo de las drogas “duras” y sus dañinos efectos sobre la salud, el rendimiento escolar de los jóvenes, los suicidios y los entornos familiares.

Debo confesar que hasta hace poco me inclinaba por la legalización total, privatización y libre empresa en el mercado de drogas (como solución, o mejor dicho, como mal menor) tal y como aconteció con el alcohol y el tabaco (el vicio más mortífero, según la comunidad médica). Pero hoy veo que la cosa no es tan sencilla e inevitablemente la sociedad debe elegir entre opciones insatisfactorias en algún plano de la evaluación. Este texto discute la actual estrategia de prohibición absoluta y argumenta a favor de otra, a mi juicio, superior porque obtiene resultados similares con un daño menor para la sociedad.

Se presentan inicialmente algunas cifras que ponen de relieve la magnitud asombrosa del negocio mundial de los narcóticos (sección 1); luego se explican algunos conceptos económicos yacentes en la estrategia de prohibición absoluta (sección 2); enseguida bosquejo una propuesta de política anti-drogas (sección 3) que preserva el fundamento de la antigua (mantener muy alto el precio) pero transfiriendo al Estado el grueso de las utilidades del negocio, para que afronte en mejor posición los problemas de salud pública y de corrupción de las administraciones públicas, creados por el mercado negro en Colombia y otras naciones del Mar Caribe.

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