La lucha contra la corrupción: Entre el discurso y el compromiso
Nuestra tragedia institucional en la Contraloría General de la República ha sido que, cada cuatro años, el Contralor de turno al asumir el cargo, lo hace precavido de un conocimiento apenas superficial sobre el quehacer misional, funcional y operativo de la entidad y pretende ser el artífice del “nuevo” modelo de control fiscal, en abierto desconocimiento e incumplimiento de la Constitución del 91 que de manera prístina sentó las bases de un modelo de control posterior y selectivo fundamentado en el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados. Es decir, nos dice cuál es el modelo de control y cómo se ejerce.
Esta tragedia institucional ha sido más visible en la actual administración cuyas erráticas decisiones han conducido a que la entidad superior de control, enfrente desde hace tiempo un duro momento. Encargada de investigar y sancionar a quienes resulten fiscalmente responsables; es a la vez, sujeto de las acciones que consagran la Carta Política y la Ley, en cuanto se detecte que puede haber desviaciones de los parámetros legales en el curso de actuaciones a su cargo.
En los medios de comunicación se ha dejado saber a la ciudadanía que, quien rige hoy los destinos de la entidad y algunos de sus más cercanos colaboradores, están siendo investigados por diferentes razones, de público conocimiento. Nada más sano que los entes investiguen, según su competencia, a los gestores administrativos, jefes de organismos y funcionarios en general pues todos, sin excepción alguna, nos debemos a la Constitución y a la Ley y por tanto al escrutinio de nuestra conducta.
En este orden, no parece sano para la institucionalidad y para la credibilidad, oponerse a las indagaciones y a que los Órganos Constitucionales ejerzan su labor, así como pueden ejercerla los ciudadanos, las organizaciones sociales y sindicales y los medios de comunicación en ejercicio del control social, o el congreso en el del control político. En este sentido, poner a la vista de todos nuestras actuaciones, nos hace transparentes y cobija nuestra gestión con la garantía de la estricta sujeción al Estado Social y de Derecho que rige en Colombia. Lo contrario; poner cortapisas y trabas al escrutinio de las autoridades, genera dudas y cuestionamientos administrativos y legales sobre nuestras actuaciones.
El ciudadano de a pie se preguntará por qué cuando se trata de investigar y sancionar a los colombianos del común, deben sujetarse sin oposición alguna a los mandatos y determinaciones de sus jueces; sin embargo, cuando se trata de hacer lo propio con los altos dignatarios del Estado, o se van del país, o por todos los medios se oponen a las investigaciones por conductos legales, o por otros bien diferentes a los que consagra la Ley. Ejemplos como estos, que desafortunadamente abundan, no le hacen favor alguno a la democracia, a la institucionalidad ni a la verdad.
Al tenor de la opinión dada por el ex Contralor Antonio Hernández Gamarra según la cual: “Por su naturaleza y resultados el control fiscal tiene que ser democrático y tiene que contribuir al fortalecimiento de la democracia”.
En una sociedad democrática el respeto y el acatamiento a la Constitución y la Ley, es garantía de la supervivencia institucional. Por ello, somos respetuosos de la Corte Constitucional y sabemos que esta decidirá, en favor de la Contraloría General, en el sentido de que no puede haber funcionario público, nacional o territorial. aforado o no, que pueda eludir el control fiscal. También lo es, que no puede haber funcionario alguno que prevalido de su investidura, recurra a argucias jurídicas para evitar, demorar, impedir u obstaculizar investigaciones disciplinarias o penales que los entes competentes adelanten en su contra. Y más grave; demandar respeto al alcance del control fiscal ejercido por la Contraloría, pero desconocerlo, subestimarlo, obstaculizarlo o elevar recusaciones, cuando se ejerce por la Auditoría General. Un contrasentido o una incoherencia; los efectos antidemocráticos son los mismos.
Es hora de abrir las puertas a las investigaciones que cursan contra la Contralora General y dejar a salvo nuestra transparencia, de dudas y comentarios, pues en cualquier momento resulta salpicada la entidad y no faltará quien, como en el caso del DAS, resuelva que ante los procesos que afectan a su directora, es mejor acabar con la entidad que, luego de 90 años de creada, parece estar en la mira de los reestructuradores.
Ahora, si se han cometido excesos, si se ha pecado por defecto, si no se han cumplido las leyes y los procedimientos no se han surtido conforme a las normas de las cuales, además, no es posible sustraerse, no queda más remedio que someterse a lo que en derecho se resuelva; pero seguir en el enfrentamiento y en la oposición a las investigaciones, deja en el servidor y en la ciudadanía el amargo sabor de que algunas cosas no se han hecho como lo ordenan los cánones legales y hay, por lo tanto, cosas que ocultar y que esconder o hay que distraer la atención para no ser investigados.
La lucha contra la corrupción es más que la celebración de un onomástico. Es un compromiso con la sociedad y la Nación. Un compromiso con el Estado Social y de Derecho. En la gestión pública nuestros actos pueden ser visiblemente cuestionados por su transparencia pero son la Constitución, la Ley, la Justicia, y el Derecho, los que tienen la palabra. Y quienes en su nombre actúan no pueden ser considerados ni amigos ni enemigos.
Esperamos que los recusadores entiendan que por encima de banalidades personales o de criterios encontrados, el respeto y acatamiento irrestrictos a la Constitución y la Ley son condición sine qua non para impedir que se instaure el autoritarismo como forma de conducción de la cosa pública.
Bogotá, Octubre 15 de 2013.
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