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Control eficaz: cobertura, calidad e idoneidad

Después de la reunión protocolaria sostenida entre las organizaciones sindicales y la Contralora Sandra Morelli, aún nos encontramos a la espera de poder concretar la reunión especifica con cada organización sindical, en la cual se puedan expresar criterios sobre las primeras opiniones y decisiones de la nueva administración.

Sin embargo, es necesario expresar algunas inquietudes y efectuar algunas precisiones sobre el presente y el futuro de la Contraloría General de la República, CGR.

En primer lugar coincidimos plenamente con la Contralora Sandra Morelli con sus afirmaciones en el sentido de que “…es mejor hacer auditorías con personas vinculadas, formadas y comprometidas con la entidad…” y que “…a idea no es despedir a nadie sino racionalizar el recurso humano”. Desde nuestra creación como organización sindical hemos sostenido que la CGR cuenta con personal capacitado, con experiencia, idóneo, responsable y comprometido con la institución, con la sociedad y la nación y es consciente de su papel en la lucha frontal contra la corrupción. Y que para ello se requiere defender y garantizar la plena independencia de la CGR, asunto éste, que fue el punto de discusión técnica de los últimos años.

Respecto a la racionalización de los recursos presupuestales, logísticos y del capital humano, debemos decir que ha sido una constante el llamado de los trabajadores para que se redefina el horizonte de planeación y se dé prioridad a la calidad y no a la cobertura. Y no nos referimos a la calidad procedimental y formalista, sino al tiempo requerido para efectuar los procesos de control micro y de responsabilidad fiscal que permita la profundidad de nuestras pruebas y de nuestros análisis y que viabilice aún más la sustentación jurídica y fáctica de los hallazgos y opiniones que debemos emitir.

En la actualidad, varios aspectos “técnicos” atentan contra este propósito: Primero. Un AUDITE 4.0 que dejó hace mucho tiempo de ser “guía” para convertirse en una camisa de fuerza pletórica de formatos y cuadros, es decir de lo formal, limitando el tiempo para lo sustancial. Segundo. Una inadecuada utilización de los recursos de viáticos ya que no se prioriza su asignación para los equipos auditores/investigadores. Tercero. De manera injustificada se envían comisiones de auditoria del Nivel Central a las Gerencias Departamentales generándose una subutilización de casi el 30% de los funcionarios del nivel desconcentrado. Cuarto. Una permanente contradicción conceptual y jurídica entre proceso micro y proceso de responsabilidad fiscal sobre evidencias y pruebas, y un exagerado procedimiento garantista y formalista. Quinto. Una perenne equivocación de que la CGR debe ejercer el control fiscal de manera posterior y selectiva según reza el precepto constitucional, pero entendida como posterior, al hecho de tener que esperar hasta la culminación del proyecto, de la obra o de la ejecución de un programa o política pública y no asumir el control al final de cada acto o decisión administrativa. Y respecto a la selectividad, pretender auditar y controlar el 100% de los sujetos de control, con sacrificio de la calidad del trabajo auditor. Si ello continúa así se hará necesario no sólo la convocatoria a concurso de las vacantes existentes, sino recurrir, no a la formula de la contratación, sino al empleo de judicantes y pasantes, por ejemplo. Es decir, la racionalización de los recursos presupuestales y humanos a que se refiere la Contralora Sandra Morelli pasa por la revisión y redefinición de estos asuntos estratégicos para el ejercicio del control fiscal.

Es necesario el fortalecimiento técnico de la CGR, tanto al Nivel Central como de las Gerencias Departamentales asignándoles mayor presupuesto, mayor personal, más apoyo logístico. Pero este fortalecimiento no tendrá mayor impacto si no se acompaña de decisiones técnicas y de una amplia discusión técnica sobre el quehacer auditor e investigador y de las áreas de apoyo. Y como corolario se hace necesario que la Contralora Sandra Morelli conforme su equipo de trabajo nacional y departamental aplicándose al más estricto respeto de la meritocracia y no sólo de los compromisos políticos.

Pero, y en este aspecto queremos ser contundentes. Ningún cambio formal o sustancial, ningún inventario sobre el estado de los procesos misionales, puede hacerse con el criterio preconcebido y equivocado de que los funcionarios somos corruptos o que ocultamos y manipulamos información. Si se desea reabrir procesos misionales, reforzar trabajos, ello deberá corresponder a un análisis técnico y jurídico.

Lo que no puede ocurrir es que como gendarmes buscando pillos, se llegue a las oficinas de la entidad en horarios no oficiales a exigir y a intimidar con una actitud que ha rayado en el irrespeto y falta de consideración.

Los funcionarios de la CGR somos idóneos, competentes, responsables y comprometidos y no aceptamos ni el tratamiento de delincuentes ni el manto de duda que se esta poniendo sobre los trabajadores y trabajadoras de la entidad, contrariando incluso los conceptos de la misma Contralora General.

Sobre lo técnico discutimos y aportamos. Respeto no lo solicitamos lo exigimos.

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL