Control fiscal y lucha contra la corrupción

Ad portas de la firma de los acuerdos de la Habana que significarán no solo la dejación de armas y el fin del conflicto armado, tanto para la sociedad y el Estado, con todas sus instituciones, se cierne un manto de incertidumbre: ¿cómo vivir ahora sin conflicto?; ¿Cuál es el papel de una sociedad en posconflicto?; ¿Qué debo hacer o cómo contribuir a la consolidación del fin del conflicto armado y la paz?

A estos interrogantes la sociedad civil; las organizaciones sociales, sindicales y populares democráticas, tienen una respuesta: Con el fin del conflicto armado se abre una posibilidad gigantesca de poner la agenda social y laboral de las mayorías excluidas, a la orden del día; que la movilización social se acreciente a fin de alcanzar las reformas económicas, políticas, sociales que permitan que los excluidos, los marginados, las inmensas capas de asalariados y de pobres construyan alternativas para un nuevo modelo de desarrollo.  Por ello, sólo por ello, acompañaremos la promoción y aprobación del plebiscito de refrendación de los acuerdos de La Habana.

Santos ha sido el mejor exponente de la política neoliberal como digno representante de la plutocracia política colombiana; ha desarrollado la más absoluta política de arrasamiento del aparato productivo colombiano; ha feriado el patrimonio público; desconocido derechos, garantías y acuerdos internacionales; fraguado el asalto a las pocas conquistas laborales y sociales que siguen, aún, vigentes. Esa plutocracia politiquera y corrupta no vacilará en hacer un nuevo acuerdo político con el mandamás del Ubérrimo para que desde la dirección del Estado se acallen la protesta y la movilización social que sobrevendrán una vez cese la oscura noche del grotesco e inútil conflicto armado.

Conflicto que deja una estela de muerte, dolor y destrucción. Si lo que se pretende es consolidar la paz política, se requiere ambientar y alcanzar la paz social y ello significa ni más ni menos, que el Estado se resuelva a voltear sus ojos hacia las víctimas del conflicto y al cumplimiento de las garantías económicas, ambientales, políticas y sociales que la sociedad empobrecida demanda para, de esta manera, hacer realidad el preámbulo de la Constitución del 91 que precisó que Colombia es un “Estado Social y de Derecho”.

Para ese nuevo panorama se debe preparar no solo la población sino las instituciones, entidades y organismos públicos y privados. La CGR no es la excepción. La CGR de hoy, está llamada a reformarse, a cambiar, a adaptarse a esa perspectiva de un país que también necesita control fiscal público, sin conflicto armado. Para hacer ese cambio debe, inicialmente, hacer catarsis de su situación actual, de sus ventajas y deficiencias, de sus aciertos y de sus yerros; debe reencontrase a sí misma y reencontrar su camino, su rol en el engranaje de un Estado que obligadamente, por la fuerza de la movilización, deberá repensarse para develar qué tipo de sociedad quiere y que modelo de desarrollo resulta mejor y más justo para todos.

A la CGR le toca adelantarse a ese cambio con el objeto de que, al fin del conflicto, sea una entidad renovada y consciente de que se debe exclusivamente a la Sociedad y a la Nación. Una entidad que tendrá, además de continuar con la vigilancia y control del presupuesto público nacional y el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la enorme responsabilidad de vigilar la ejecución de los recursos destinados al posconflicto (recursos públicos y aquellos provenientes de la cooperación internacional).

Ad portas de la firma de los acuerdos de la Habana que significarán no solo la dejación de armas y el fin del conflicto armado, tanto para la sociedad y el Estado, con todas sus instituciones, se cierne un manto de incertidumbre: ¿cómo vivir ahora sin conflicto?; ¿Cuál es el papel de una sociedad en posconflicto?; ¿Qué debo hacer o cómo contribuir a la consolidación del fin del conflicto armado y la paz?

A estos interrogantes la sociedad civil; las organizaciones sociales, sindicales y populares democráticas, tienen una respuesta: Con el fin del conflicto armado se abre una posibilidad gigantesca de poner la agenda social y laboral de las mayorías excluidas, a la orden del día; que la movilización social se acreciente a fin de alcanzar las reformas económicas, políticas, sociales que permitan que los excluidos, los marginados, las inmensas capas de asalariados y de pobres construyan alternativas para un nuevo modelo de desarrollo.  Por ello, sólo por ello, acompañaremos la promoción y aprobación del plebiscito de refrendación de los acuerdos de La Habana.

Santos ha sido el mejor exponente de la política neoliberal como digno representante de la plutocracia política colombiana; ha desarrollado la más absoluta política de arrasamiento del aparato productivo colombiano; ha feriado el patrimonio público; desconocido derechos, garantías y acuerdos internacionales; fraguado el asalto a las pocas conquistas laborales y sociales que siguen, aún, vigentes. Esa plutocracia politiquera y corrupta no vacilará en hacer un nuevo acuerdo político con el mandamás del Ubérrimo para que desde la dirección del Estado se acallen la protesta y la movilización social que sobrevendrán una vez cese la oscura noche del grotesco e inútil conflicto armado.

Conflicto que deja una estela de muerte, dolor y destrucción. Si lo que se pretende es consolidar la paz política, se requiere ambientar y alcanzar la paz social y ello significa ni más ni menos, que el Estado se resuelva a voltear sus ojos hacia las víctimas del conflicto y al cumplimiento de las garantías económicas, ambientales, políticas y sociales que la sociedad empobrecida demanda para, de esta manera, hacer realidad el preámbulo de la Constitución del 91 que precisó que Colombia es un “Estado Social y de Derecho”.

Para ese nuevo panorama se debe preparar no solo la población sino las instituciones, entidades y organismos públicos y privados. La CGR no es la excepción. La CGR de hoy, está llamada a reformarse, a cambiar, a adaptarse a esa perspectiva de un país que también necesita control fiscal público, sin conflicto armado. Para hacer ese cambio debe, inicialmente, hacer catarsis de su situación actual, de sus ventajas y deficiencias, de sus aciertos y de sus yerros; debe reencontrase a sí misma y reencontrar su camino, su rol en el engranaje de un Estado que obligadamente, por la fuerza de la movilización, deberá repensarse para develar qué tipo de sociedad quiere y que modelo de desarrollo resulta mejor y más justo para todos.

A la CGR le toca adelantarse a ese cambio con el objeto de que, al fin del conflicto, sea una entidad renovada y consciente de que se debe exclusivamente a la Sociedad y a la Nación. Una entidad que tendrá, además de continuar con la vigilancia y control del presupuesto público nacional y el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la enorme responsabilidad de vigilar la ejecución de los recursos destinados al posconflicto (recursos públicos y aquellos provenientes de la cooperación internacional).

Para seguir leyendo el comunicado de la Junta Directiva Nacional de Ascontrol abrir el archivo adjunto