Gobierno defiende legalidad del salario mínimo de $2 millones para 2026
27/01/2026. El incremento del salario mínimo para 2026, fijado en $2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, continúa generando un intenso debate jurídico y político en el país. La medida fue adoptada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que estableció un aumento del 23,7 %, uno de los más altos en la historia reciente de Colombia.
Tras la expedición del decreto, sectores del empresariado y algunos gremios económicos interpusieron acciones judiciales argumentando que el aumento excede los criterios definidos en la Ley 278 de 1996. En respuesta, el Gobierno y las centrales obreras sostienen que la decisión se ajusta plenamente al marco legal y constitucional vigente.
Hasta el momento, las acciones de tutela que buscaban suspender la aplicación del decreto han sido negadas. Paralelamente, cursan más de 30 demandas ante el Consejo de Estado, en las que se solicita la suspensión provisional del acto administrativo. De no decretarse dicha suspensión en los plazos legales, los procesos continuarían por la vía ordinaria.
El sustento jurídico del Gobierno se apoya en los principios constitucionales del trabajo digno y la remuneración mínima vital y móvil, consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política. Asimismo, se cita la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, que establece que, ante la falta de consenso en la Comisión Permanente de Concertación, el Ejecutivo puede fijar el salario mínimo siempre que motive su decisión considerando variables económicas y sociales, con énfasis en la protección del trabajo y el bienestar de los hogares de menores ingresos.
Un elemento adicional que respalda el decreto es el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital en Colombia, el cual evidenció una brecha cercana al 50 % entre el salario mínimo legal y el ingreso requerido para garantizar condiciones de vida dignas a una familia promedio.
En este contexto, las centrales obreras CUT, CGT y CTC, junto con organizaciones de pensionados, han anunciado acciones jurídicas y movilizaciones sociales en defensa del decreto. Ascontrol, en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos laborales y sociales, ha expresado su respaldo a la CUT y a las organizaciones sindicales que consideran que el aumento salarial se enmarca en los principios de justicia social y legalidad constitucional.
