¿Cruzada moral o linchamiento a Petro?
En su columna para Las 2 Orillas, titulada Colombia: “Cruzada moral” o linchamiento a Petro, se sostiene que durante las dos últimas semanas avanza una estrategia encaminada a destruir al líder incuestionable del progresismo en Colombia, y que esa ofensiva no es un debate espontáneo sobre moral, sino parte de una operación política y mediática para liquidarlo.
La columna parte de una caracterización que hace la revista The Economist sobre Abelardo, a quien describe como un extravagante populista de derecha y el nuevo sheriff de Colombia que recurre al espectáculo, en medio de graves problemas de seguridad, gobernabilidad y defensa. A partir de ahí, señala que ese gobierno intenta desmontar las reformas avanzadas del gobierno anterior, pretende regalarle a Washington los recursos estratégicos del país, presenta y defiende la Ley de Rescate Económico siguiendo la lógica neoliberal de exonerar a los más ricos y aumentar impuestos a trabajadores y trabajadoras, busca eliminar conquistas y derechos sociales alcanzados en los últimos años, en especial para las mujeres trabajadoras, y responde al orden público con guerra y shows de la muerte, mientras en medio de la grave crisis humanitaria ocasionada por el terremoto su esposa no da razón de los cuantiosos fondos internacionales recibidos.
Pero el asunto de fondo, según la autora, es otro. Desde hace dos semanas, los poderosísimos medios y las redes sociales han emprendido una cruzada moral contra lo que llaman la indignidad presidencial del gobierno de Petro. Frente a ese boom de información malintencionada y perversa, la columna retoma lo dicho por la periodista Cecilia Orozco, quien señala que jamás un presidente colombiano había sido tan brutalmente atacado en su vida pública, privada e íntima, y que se trata de una estrategia organizada para liquidarlo y propiciar escenarios de linchamiento, intentos de asesinato en un atentado, de encarcelamiento a perpetuidad o de extradición a Estados Unidos, a la que denomina una operación venganza adelantada por la ultraderecha.
Ese ataque, plantea la columna, se peca por mala fe, pero también por moralina, porque no se entiende que la estrategia es parte del lawfare o judicialización de la política, adelantada con relativo éxito por Estados Unidos y la ultraderecha latinoamericana durante las últimas dos décadas para frenar el avance del progresismo y propiciar el aterrizaje de la ultraderecha fascista. Como ejemplos menciona la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil, la inhabilitación política de Cristina en Argentina, y la persecución a funcionarios del gobierno de Correa en Ecuador, incluida la última candidata presidencial.
El mecanismo, explica, es siempre el mismo: se inventan o magnifican escándalos personales, errores, excesos, afirmaciones, disputas y controversias, se establecen conexiones con lo que se quiere mostrar y el aparato de propaganda las difunde a toda máquina, y poco importa que la investigación judicial posterior desmienta el escándalo mediático, porque ya el daño está causado y la ultraderecha ha logrado su objetivo.
El caso de Petro, sostiene la columna, se ajusta perfectamente a ese canon. En octubre pasado, Carlos Ríos, director del DAPRE, señaló que la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente: no a gobernar, sino a todos los días parrandear, llevar mujeres y generar lo que no deberían hacer. Cuatro días después, Deicy Jiménez, joven contratista del Estado desde el gobierno de Duque, denunció que había mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de dichos contratos, en una declaración que apareció en la revista Semana, del grupo Gilinski, uno de los más poderosos del país y un fuerte aportante de la campaña de Abelardo.
Hoy el escándalo y la degradación de la información están en todo su furor, con videos y chats morbosos publicados por la misma denunciante que circulan profusamente y que, aunque evidencian la relación sentimental que Petro no ha negado, no muestran conexión alguna con el delito del cual se le sindica. La Fiscalía abrió una indagación a partir de las denuncias, como primer paso para una posible investigación penal, y la Corte Suprema también interviene, mientras la abogada de la contratista hace parte de De la Espriella Lawyers.
La columna no minimiza la gravedad de fondo, y señala que es claro que la relación con la denunciante es una relación de poder evidentemente desigual, que para los trabajadores en general ser contratista del Estado implica carecer de estabilidad y de otros derechos laborales, una condición particularmente difícil para las mujeres jóvenes debido al peso de la sociedad patriarcal, y que la práctica de exigir favores sexuales a cambio de renovar un contrato está muy generalizada y es un delito inexcusable cuya denuncia y gravedad no pueden minimizarse. No obstante, afirma que lo que hay hasta ahora es un juicio mediático orientado a acabar con el expresidente y, de paso, con el progresismo en Colombia, y que tanto él como su abogado reiteraron su disposición de responder ante las autoridades judiciales.
A ese escándalo habría que sumarle otro que también se ventila en los medios: la española Eva Ferrer, exconsejera del gobierno de Petro, hizo hace unos meses gravísimos señalamientos, también en la revista Semana, sobre la entonces esposa del presidente, Verónica Alcocer, a quien acusó de utilizar aviones oficiales para llevar maletas con droga a Venezuela y regresarlas con dinero para la campaña electoral. Aunque Ferrer ha declarado en tres ocasiones ante la Fiscalía colombiana, no ha aportado prueba alguna que sustente las acusaciones, y la última vez anunció que viajaría a Washington para entregar pruebas a las autoridades estadounidenses.
Para la columna, la intencionalidad de estos escándalos generados por la ultraderecha es clara: se trata de liquidar a Petro, incluso físicamente si se puede, para impedir que el progresismo y la izquierda recuperen el gobierno. En menos de un año se realizarán las elecciones territoriales y el golpe mediático y político le apunta a generar incertidumbre y desconcierto entre sectores importantes de la opinión pública, como parte del show mediático, mientras los medios del poder insisten en que el Pacto Histórico debe considerar la conveniencia de que el expresidente se retire de su dirección, y ciertas declaraciones ambiguas al respecto contribuyen a echarle agua al molino de una supuesta crisis de liderazgo en dicha organización.
Ante la presión mediática, la bancada de mujeres emitió un pronunciamiento donde reiteró la defensa de los derechos de las mujeres, independientemente de quien sea señalado, su cargo o afinidad política, señaló que las denuncias no se pueden ignorar ni minimizar y pidió garantías de seguridad para la denunciante, además de exigir que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de Gustavo Petro, indicando que corresponde a la justicia y no a juicios mediáticos determinar responsabilidades. Sin embargo, la columna cierra señalando que el énfasis debe cambiarse, porque falta una denuncia contundente del Pacto sobre la conspiración en curso en contra del exmandatario y el peligro real de que lo extraditen o lo eliminen.
Ver columna en: https://www.las2orillas.co/colombia-cruzada-moral-o-linchamiento-a-petro/ - Por Consuelo Ahumada
