Salario mínimo 2026: una negociación sin consenso y con alto impacto social

El debate sobre el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia cerró el año con profundas diferencias entre los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales, lo que dejó en manos del Gobierno Nacional la definición final del ajuste. La discusión se dio en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia en la que no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes.

Las centrales obreras presentaron una propuesta de aumento del 16%, tanto para el salario mínimo mensual legal vigente como para el auxilio de transporte. Desde la óptica sindical, este porcentaje busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación, así como reducir la distancia entre el ingreso mínimo y el costo real de la canasta básica de los hogares trabajadores. La propuesta fue sustentada con estudios económicos y referencias a estándares internacionales sobre salario digno.

En contraste, los gremios empresariales plantearon un incremento cercano al 7,21%, calculado a partir de la inflación observada, la productividad y un margen adicional. Para el sector empresarial, un ajuste más elevado podría afectar la sostenibilidad financiera de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas, y generar riesgos sobre el empleo formal.

Dentro del bloque sindical, Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se consolidó como uno de los principales voceros de la propuesta laboral. Desde comunicados públicos, espacios de análisis y redes sociales, Arias defendió la necesidad de un aumento de dos dígitos, argumentando que incrementos moderados no garantizan condiciones de vida dignas para los trabajadores ni sus familias. Su postura también ha puesto énfasis en la necesidad de que el salario mínimo recupere su función social como herramienta de reducción de la desigualdad.

Al no lograrse concertación en los plazos establecidos, el escenario previsto es que el Gobierno expida el incremento por decreto, tras evaluar los criterios técnicos, económicos y sociales. Este mecanismo ya ha sido utilizado en años anteriores y vuelve a reflejar la dificultad estructural de conciliar intereses en una economía marcada por altos niveles de informalidad y desigualdad.

Más allá del porcentaje final, el debate sobre el salario mínimo 2026 deja abiertas discusiones de fondo sobre el modelo de remuneración del trabajo, la productividad, el costo de vida y el papel del Estado en la protección del ingreso de los trabajadores.

Fuentes de información: Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; comunicados y publicaciones de la CUT; declaraciones públicas de Fabio Arias Giraldo; análisis económicos difundidos por gremios empresariales; estudios laborales y notas de contexto económico nacional.